Sin Reservas Ni Secretos

Fe de erratas por las vicisitudes de una "cuña"

2012-02-22T21:49:00.000-08:00

Es difícil anticipar qué será incluido en la edición de una entrevista de 30 minutos y qué será desechado. Si bien los esfuerzos existieron, en cuanto a diferenciar explícitamente los patrocinios de los casos en que he participado, la nota emitida al aire me adjudicó por completo el caso de las Becas Presidente de la República en contra de CONICYT. Sin embargo, éste no se explica sin Fundación Pro Acceso, su director ejecutivo y las personas que recurren a la institución, como el verdadero solicitante de información que prefirió pasar al anonimato por el comprensible resquemor de ser discriminado ante una futura postulación a becas en el organismo reclamado. Como asesor legal en ese momento, ingresé nuevamente una solicitud, esta vez perfeccionada en lo relativo al lenguaje jurídico y más completa en orden a evidenciar las deficiencias en la administración de los becados en cuestión. Posteriormente, en tiempo y forma, redacté el reclamo ante el Consejo para la Transparencia a fin de acceder a la información solicitada. Finalmente el Consejo estuvo a favor de nosotros por los argumentos de hecho y de derecho que se exponen en la Decisión C409-11.

Relevancia Pública consultado por CNN Chile (diciembre, 2011)

Modificación de facultades de los fiscales: ¿es necesaria, razonable y proporcional la propuesta?

2011-12-15T16:11:00.000-08:00

Hoy se ingresó la siguiente solicitud de acceso a la información, AB001W0001065, a la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior:

La reunión

"Con fecha 23 de noviembre, en el portal del Ministerio del Interior en su sección de noticias, se lee que "Ministro Rodrigo Hinzpeter recibió propuesta destinada a modificar facultades de los fiscales", con más detalle "Este miércoles, en el Palacio de La Moneda, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, junto al Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, recibió la propuesta destinada a modificar facultades de los fiscales, de manos de los abogados Miguel Otero, Raúl Tavolari, y Jean Pierre Matus, además del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, y el ex director de la PDI, Arturo Herrera".

Tomando en consideración este antecedente, solicito acceso detallado, preciso y claro, y, en su caso, copia digitalizada de la siguiente información:

1. Copia digitalizada de la propuesta destinada a modificar facultades de los fiscales.

2. Copia digitalizada de las actas o cualquiera especie de registro de la reunión.

3. Copia digitalizada de los antecedentes, estudios previos o cualquier complemento esencial y directo que se haya acompañado a la propuesta.

4. Expresión detallada de los estudios o informes que se han encargado realizar para reforzar, corregir o validar la propuesta en cuestión e individualización con nombre y apellidos de sus autores e identificación de su estudios de pregrado y posgrado, tanto de los que están terminados como en proceso de elaboración.

5. Copia digitalizada de los documentos anteriormente señalados, como asimismo de los avances de aquellos en cuyo caso se encuentran en elaboración, ya sea que se trate de un borrador, presentación en diapositivas o cualquier especie de soporte.

6. Expresión de si se ha ingresado al Congreso un proyecto de ley o indicaciones a otro en tramitación que contenga las disposiciones o ideas de esta propuesta.

7. De ser efectivo el número anterior, indicación del Nº de boletín del proyecto.

8. Razones que justifican la adopción de la propuesta o parte de ella."

La inquietud que se pretende resolver una vez obtenida la información es si el Ministerio del Interior efectúa los estudios correspondientes en orden a verificar si la realidad que se pretende cambiar a través de la propuesta es susceptible de ser perfeccionada y en qué sentido puede ser mejorada. En síntesis, corroborar si era necesaria la propuesta y si son razonables y proporcionales sus disposiciones.

Conforme a la ley 20.285, Ley de Transparencia, en relación a la ley 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, la respuesta debe ser proporcionada dentro de 20 días hábiles (descontando sábados, domingos y festivos).

2 años y 7 meses de Ley de Transparencia

2011-12-07T19:02:00.001-08:00

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL DEMOCRÁTICO

"¡Digan pisco!"

¿Con qué diligencia el Gobierno de Chile y, en especial, el Ministerio de Relaciones Exteriores han enfrentado la demanda que Perú ha interpuesto en el Tribunal de la Haya para que se diriman los límites marítimos entre ambos países? A mayor abundamiento, ¿cuántos estudios e informes en derecho a encargado Chile a la fecha?, ¿quiénes los han elaborado y cuánto dinero se ha pagado por cada uno de ellos?, ¿cuántos abogados se han contratado, qué nacionalidades tienen, cuáles son sus especialidades y cuánto han cobrado por sus servicios?, ¿quiénes son los encargados de elaborar la estrategia de defensa? y ¿cuántas reuniones de trabajo se han sostenido con abogados en Chile y en el extranjero? Otro conjunto de preguntas pueden dirigirse a escudriñar las operaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), creada por la Ley Nº19.974 de 2004, en reemplazo de la Dirección de Seguridad Pública e Información (DISPI o, popularmente, La Oficina): ¿cuántas interceptaciones telefónicas se han realizado durante cada año desde su creación?, ¿cuántos "pinchazos" se han hecho para investigar delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado? (esas son las únicas causales que validan una medida intrusiva como la interceptación en la ley mencionada), ¿cuántas denuncias al Ministerio Público ha efectuado la ANI por cada una de las interceptaciones telefónicas que ha realizado? y, en general, ¿qué nivel de intervención han tenido los gobiernos del Presidente Lagos, Bachelet y Piñera en la intimidad de los chilenos?

¿Qué nivel de intervención han tenido los
gobiernos del Presidente Lagos, Bachelet y
Piñera en la intimidad de los chilenos?

Todas son preguntas que actualmente y desde siempre se han podido hacer a la autoridad en virtud del derecho de petición que regula desde su dictación la Constitución, sin embargo, sin la existencia de la Ley de Transparencia, no regiría la obligación de proporcionar una respuesta, ni menos aún, la posibilidad de reclamar a un órgano especializado por la negativa de entregar la información requerida o ante la entrega parcial de ésta.

LA LEY EN CIFRAS

Básicamente, la Ley de Transparencia regula entre otras cosas el procedimiento de acceso a la información pública en poder de la Administración del Estado, estableciendo en favor de todas las personas la posibilidad de requerir, solicitar o pedir a los órganos o servicios públicos acceso a información que obre en poder del Estado. La autoridad requerida tendrá 20 días hábiles administrativos (no cuentan los sábados, domingos y festivos) para proporcionar una respuesta ya sea entregando la información o calificándola como secreta o reservada en virtud de alguna de las causales del artículo 21 de la Ley. Al respecto, un dato decisivo para evaluar el impacto de la ley es el ingreso acumulado de solicitudes que se registran desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el 20 de abril de 2009, hasta terminado el mes de octubre de 2011, cuyo número asciende a 92.660 solicitudes.

Si vencido el plazo no hubo respuesta alguna o, de entregarse, no satisface los términos en que fue planteada originalmente, el solicitante podrá interponer un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia, a fin de obtener un pronunciamiento que rechace o acoja el reclamo y, en este último caso, ordenar al requerido que entregue la información en los términos y condiciones que indique el Consejo.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el 20 de abril de 2009, hasta terminado el mes de octubre de 2011, han ingresado 2.982 casos en el Consejo para la Transparencia, resolviéndose en una decisión final un total de 2.663, equivalentes al 89,3% del total tramitado en el CPLT. Las decisiones finales pueden corresponder a una de estas 3 posibilidades: decisión de inadmisiblidad, aprueba desistimiento y decisión de fondo. ¿Qué significan? La declaración de inadmisiblidad indica que no se cumplieron uno o varios requisitos de forma para continuar la tramitación del procedimiento. El desistimiento es la expresión de la facultad del recurrente para renunciar a la tramitación del procedimiento, perdiendo con ello su derecho a reclamo o de amparo. Y por último, en la decisión de fondo, el Consejo resuelve si la información es pública y si procede su entrega o denegación.

PRINCIPALES MOTIVACIONES DE LOS SOLICITANTES
¿Por qué me despidieron?, ¿por qué no me eligieron? y ¿por qué no ganamos? son las principales inquietudes que motivan a las personas y a las empresas a emplear la ley.

¿Por qué me despidieron? dice relación con ex funcionarios públicos que desean conocer la documentación completa de los sumarios administrativos que se siguieron en su contra; ¿por que no me eligieron? es la pregunta que se hacen los candidatos a cargos públicos que postularon a concurso de antecedentes; y ¿por qué no ganamos? es la incógnita que intentan resolver los representantes legales de empresas que no ganaron licitaciones públicas.

Entre otras muchas solicitudes, lo que prima en general es un interés personal que no trasciende al propio requirente. En este punto, preguntas como la que inician esta columna son necesarias para optimizar el empleo de las posibilidades que entrega la ley a fin de incidir en una opinión pública más informada.

CRÍTICAS A LOS ACTORES
Según reza nuestra Constitución, en el inciso cuarto del artículo 1º, "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece". Entre esos derechos y garantías que la Constitución asegura a las personas están la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y la libertad de emitir opinión y la de informar, como también el principio de publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y fundamentos de los órganos del Estado. O sea, existe un mandato constitucional al Estado para que, en lo que nos importa, optimice el ejercicio del derecho de acceso a la información y, en consecuencia, valen también las críticas y ajustes legales que puedan hacerse en ese sentido.

A los órganos y servicios públicos
- La deficiente legislación archivística que rige actualmente impide la certeza de que existirá la documentación solicitada, inclusive, las malas prácticas en materia de toma de decisiones, suelen no dejar rastro de los estudios, opiniones, informes y recomendaciones, que se tuvieron a la vista para decidir una determinada cosa en perjuicio de otras posibles.

Al Consejo para la Transparencia
- La fórmula ideada para el nombramiento de los consejeros reproduce en exacta proporción a las dos coaliciones políticas que desde la vuelta a la democracia ocupan el Congreso Nacional, en desmedro del mérito, las calificaciones y la idoneidad que requiere un cargo dedicado a resolver reclamos sobre transparencia activa, amparos de acceso a la información y problemas de protección de datos personales.

- La reglamentación del procedimiento de amparo ante el Consejo para la Transparencia, ocasionado por hipótesis de no entrega de información solicitada o por haberse denegado el acceso por tratarse de información secreta o reservada, contiene una regla atentatoria contra un procedimiento racional y justo, que implica la imposibilidad de acceder a los descargos hechos por la autoridad reclamada y, en consecuencia, la imposibilidad de hacer oír las observaciones que el reclamante tenga de éstas, especialmente en aquellos casos en que la autoridad reclamada ni siquiera contestó la solicitud.

A la prensa
¿Ignorancia, desconocimiento, desinterés? ¿Son éstas las razones del escaso empleo de la ley que demuestra la prensa? Muy probablemente obedezca a incompatibilidades de tiempo entre lo que demora un solicitante obtener la información requerida mediante un procedimiento administrativo que implica a lo menos 20 días hábiles (sin contar prórrogas) y un eventual amparo que el Consejo para la Transparencia tendrá resuelto en 5 meses, y, por otra parte, lo que pueda esperar un periodista al teléfono o con su camarógrafo en la calle.

Los casos que se conocen públicamente, obedecen a circunstancias en que ya el Consejo para la Transparencia ha fallado, por lo que es recomendable a quienes trabajan con este tipo de leyes, esperar el término de todos los procedimientos para que bajo criterios periodísticos se tenga un caso relevante.

EL MITO ANTI-CORRUPCIÓN
Este tipo de leyes suelen ser sobrevaloradas a la hora de señalar sus virtudes. Una de ellas sería su utilización para el descubrimiento de casos de corrupción, sin embargo, a la luz pública ninguna experiencia en ese sentido ha logrado satisfacer tales atributos. El "Índice de Percepción de Corrupción" (IdePC), que clasifica a los países de acuerdo al nivel de corrupción de autoridades políticas y funcionarios públicos según las percepciones de analistas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que fue divulgado el reciente 1 de diciembre por Transparency International, Chile obtuvo un puntaje de 7.2 entre 183 países, misma crifra que el año anterior, en una escala de 0 a 10 (siendo 10 el máximo de confiabilidad), ubicándose nuevamente como el país de América Latina menos corrupto según la percepción de los consultados. En 2009, el año de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el país obtuvo un 6.7, el puntaje más bajo obtenido por el país en los últimos 12 años desde 1998. Sin embargo, en otros períodos sin Ley de Transparencia el país ha obtenido puntajes mayores, como 7.4 (2000), 7.5 (2001 y 2002), 7,4 (2004), 7,3 (2005 y 2006). Claramente, las percepciones sobre la corrupción no tienen una estrecha vinculación con la entrada en vigencia de la ley, ni con el Consejo para la Transparencia, ni tampoco con la insignificante cantidad de casos de connotación pública (el famoso puente mecano que derribó al ministro Ravinet y el Buque Aquiles que después del terremoto y maremoto del 27-F se destinó al traslado exclusivo de familiares de la Armada desde Talcahuano a Valparaíso).

INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD
Este tipo de leyes tiende a ser subvalorada en el rol de desnudar las arbitrariedades, los caprichos e irracionalidades en los actos u omisiones de la autoridad. Casos expuestos en este blog hay por montón, en el sentido de preguntar a la autoridad con cuánta información tomó una determinada decisión y, en definitiva, determinar cuán racional fue ésta.

Finalmente, cabe destacar una cosa para no confundirse entre las críticas. La Ley de Transparencia es de aquellas leyes que funcionan y que cualquier ciudadano puede aprovechar. Basta tener alguna inquietud, una buena pregunta y un poco de paciencia.

MINVU: Decretos para mejorar la calidad de la construcción no podrán ser reconstruidos

2011-11-16T20:36:00.001-08:00

A propósito de un reportaje de Pedro Ramírez para ciperchile.cl, publicado el 26 de agosto de 2010, titulado "A seis meses del terremoto: Los cambios en normas de la construcción que impulsa la ministra Matte".

Un intento por reparar la defectuosa labor del personal de Carabineros en sus primeras diligencias de investigación

2011-11-13T15:15:00.001-08:00

"No es mi culpa"

"Yo vengo recién llegando"

"¡Nosotros hacemos las tareas!"

"Moya es el principal sospechoso"

Declaraciones cruzadas por el aumento que exhiben las últimas cifras de delincuencia, entre el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, el Ministro de Justicia Teodoro Ribera, el Presidente de la Corte Suprema Milton Juica y el Fiscal Nacional del Ministerio Público Sabas Chahuán. De lo que está convencido este último, es que Carabineros, como órgano auxiliar del ministerio público en la investigación de los hechos, debe mejorar en el ejercicio de sus facultades autónomas a fin de "hacer más eficiente la labor [del personal], desde que se toma conocimiento del delito hasta que se informe a la Fiscalía de modo que se aporte el mayor número de antecedentes posibles para su esclarecimiento".

El control de identidad, los procedimientos con detenidos, las diligencias inmediatas en general y aquellas que dicen relación con determinados delitos de robo, de violencia intrafamiliar, con connotación sexual y de defraudaciones, son los temas que aborda esta guía práctica que fue obtenida en el mes de mayo del presente año mediante Ley de Transparencia y las normas e instrucciones que el Ministerio Público se autoimpuso para cumplir la ley.

Esta breve guía práctica, más conocida como "Manual de primeras diligencias", confeccionada por el Ministerio Público, fue repartida por todo Chile a finales del año 2010 y principios del 2011. Mayores detalles los aborda un nuevo Manual que apareció recientemente, mucho más completo (200 páginas), que a través de una solicitud de acceso a la información pública dirigida a Carabineros se intenta obtener para ser divulgada en este sitio.

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BrandMetric, SEGEGOB y monitoreo de redes sociales: menos misterio.

2011-07-20T21:48:00.000-07:00

El sitio mercadopublico.cl pone a disposición permanente del público los contenidos de las bases de la ficha de licitación Nº 876-7-LE11 para contratar un software de desarrollo de plataforma Web, consistente en una "plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos de Internet". De tal manera que cualquiera pueda controlar la total transparencia del proceso de licitación pública, mediante el acceso -entre otras cosas- a las bases técnicas y administrativas, el certificado de disponibilidad presupuestaria, las actas de evaluación y adjudicación, la resolución de adjudicación y el contrato firmado entre la Secretaría General de Gobierno y la empresa BrandMetric S.A.

Para los efectos de determinar en qué consiste el servicio de monitoreo de redes sociales contratado por el Gobierno con BrandMetric y qué dicen sus reportes, debemos comenzar por la cláusula del contrato que establece las características del servicio o producto:

Luego, debemos remitirnos a la solicitud de acceso a la información pública relativa a la contratación del servicio de monitoreo de redes sociales, presentada con fecha 21 de junio, cuya respuesta fue entregada y notificada hoy por correo electrónico a las 19:44. Dicha petición fue formulada en los siguientes términos: "En consideración de las notas de prensa emitidas los días 20 y 21 de junio del presente año, que dicen relación con la contratación de \"Un monitoreo contratado por la Secretaria General de Gobierno adjudicado a la empresa BrandMetric\". Deseo obtener acceso a: 1.- Copia digitalizada del contrato entre la SEGEGOB y la empresa BrandMetric. 2.- Copia digitalizada de la totalidad de los productos o servicios entregados por BrandMetric a la SEGEGOB desde la fecha de vigencia del contrato mencionado en el Nº 1 de esta solicitud, ya sean reportes, informes ejecutivos, planillas excel, o cualquier clase de formato que soporte la información requerida por la SEGEGOB en el contrato en comento. 3. Copia digitalizada de todos los informes presentados por BrandMetric a manera ejemplar, por tratarse de una fase de ensayo o preparatoria de la implementación del servicio, independientemente de la fecha de vigencia del contrato. 4. Copia digitalizada de la totalidad de los informes, estudios o reportes generados por la SEGEGOB en función de la información proporcionada por BrandMetric. 5. Lista o nómina de destinatarios de la información elaborada por BrandMetric. 6. Lista o nómina de destinatarios de los informes confeccionados a partir de la información proporcionada por BrandMetric. 7. Finalidad que justifica la obtención de la información requerida en el contrato con BrandMetric. 8. Forma de trabajo o metodología empleada para cumplir con la finalidad propuesta en el punto anterior." (el destacado es nuestro).

La Secretaría General de Gobierno en su respuesta aclaró la finalidad que justificó la necesidad de contratar el servicio de monitoreo de redes sociales (pregunta Nº 7) de la siguiente manera:

"El Ministerio Secretaría General de Gobierno realiza múltiples funciones, las que están establecidas en su Ley Orgánica, N° 19.032, el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1992, y el Decreto con Fuerza de Ley N° 17 de 1990. Dicho texto establece como su primer objetivo estratégico el de “desarrollar espacios de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, de modo que se difunda y retroalimente la acción gubernamental, con las demandas y opiniones de las personas”. Asimismo, el ministerio tiene como tercer objetivo estratégico “Propender a que el gobierno, en sus diferentes reparticiones, impulse el contacto directo con la sociedad chilena a través de plataformas digitales y redes sociales, conforme al progresivo desarrollo tecnológico de la nación”.

De ambos puntos se deriva que es su obligación permanente el escuchar lo que los ciudadanos dicen pública y líbremente, y analizar todos los puntos de vista a través de canales idóneos, y considerar a Internet y las redes sociales dentro de estos últimos.

Asimismo, en conformidad al DFL Nº 1 de 1992, que modifica la organización del Ministerio Secretaria General de Gobierno, corresponde especialmente a la División Secretaría de Comunicación y Cultura (SECOM):

“Artículo 4°:

a) Servir de órgano de informaciones del Gobierno, proporcionando el material correspondiente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, difundiendo sus planes, orientaciones, políticas y obras realizadas a través de programas especiales de comunicación;

b) Proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, como también de análisis de prensa de otras materias relativas a la comunicación;

c) Identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las estrategias adecuadas y proporcionar la asesoría para satisfacerlas, para lo cual desarrollará los estudios e investigaciones pertinentes;

e) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la vinculación e inserción cultural de Chile a nivel internacional, propendiendo al fortalecimiento de relaciones culturales interregionales, como asimismo proporcionándole el material apropiado para que las representaciones diplomáticas chilenas, acreditadas en el exterior, dispongan de una adecuada información acerca de los acontecimientos nacionales.”

Por otro lado, todas las personas que participan de las redes sociales dan su opinión y expresan sus demandas a través de este nuevo canal en forma pública y libremente, con la finalidad de interactuar con otros o, sencillamente, ser escuchados. Es responsabilidad de un gobierno, y en particular de este ministerio por lo anteriormente expuesto, escuchar lo que dicen esos ciudadanos para desarrollar las políticas sociales idóneas que permitan resolver las necesidades del país y abrir espacio a nuevas oportunidades." (el destacado es nuestro).

En cuanto a la forma de trabajo o metodología empleada para cumplir con la finalidad propuesta (pregunta Nº 8), la SEGEGOB respondió que "consiste en una revisión permanente de la plataforma virtual para la detección de tendencias. Dicha información es considerada para la generación de acciones inmediatas de comunicación y la elaboración de un informe mensual sobre tendencias que se adjunta."

Finalmente, en lo que respecta a la "copia digitalizada de la totalidad de los productos o servicios entregados por BrandMetric a la SEGEGOB desde la fecha de vigencia del contrato mencionado en el Nº 1 de esta solicitud, ya sean reportes, informes ejecutivos, planillas excel, o cualquier clase de formato que soporte la información requerida por la SEGEGOB en el contrato en comento" (pregunta Nº 2), la respuesta fue: "No procede su entrega de los antecedentes solicitados, por cuanto el servicio contratado corresponde a una plataforma de acceso online y no contempla la entrega de informes de ningún tipo."

Conclusiones:

1. La SEGEGOB respondió dentro del plazo legal de respuesta, esto es, no superior a 20 días hábiles administrativos (no se cuentan los sábados, domingos, ni festivos), sin hacer uso de su facultad de prórroga por 10 días hábiles más.

2. La práctica de responder el último día del plazo igualmente vulnera los principios de oportunidad y facilitación establecidos por la Ley de Transparencia.

3. La respuesta aclara la finalidad que justificó la decisión de la SEGEGOB a fin contratar un servicio de monitoreo de redes sociales, por cuanto las declaraciones de la vocera Ena Von Baer no contenían fundamento legal.

4. El informe sobre tendencia mensual que se adjuntó a la respuesta es un producto elaborado a partir de los datos proveídos por la plataforma virtual dispuesta por BrandMetric que contiene un cruce de agenda entre los medios de prensa y las redes sociales que, en consideración de los objetivos específicos establecidos en la cláusula segunda del contrato entre esta empresa y el ministerio, demuestra que es posible cruzar datos como los mencionados y obtener conclusiones como las que se obtienen en el citado informe.

5. La pregunta -sin duda- más relevante de la solicitud de acceso a la información planteada con fecha 21 de junio del presente año, dice relación con obtener acceso a "copia digitalizada de la totalidad de los productos o servicios entregados por BrandMetric a la SEGEGOB desde la fecha de vigencia del contrato mencionado en el Nº 1 de esta solicitud, ya sean reportes, informes ejecutivos, planillas excel, o cualquier clase de formato que soporte la información requerida por la SEGEGOB en el contrato en comento". Su relevancia se justifica en la posibilidad de que el gobierno realice tratamiento de datos personales mediante la recolección de opiniones políticas con la respectiva individualización de quien las emite y de su almacenamiento en bancos de datos o registros administrados por un órgano o servicio público de la Administración del Estado. Para controlar la intensidad y magnitud de dicho monitoreo, basta saber qué es lo que conoce el gobierno por medio del servicio contratado. Sin embargo el ministerio se ha excusado por no entregar respuesta a esta pregunta debido que, a su juicio, "No procede [...] entrega de los antecedentes solicitados, por cuanto el servicio contratado corresponde a una plataforma de acceso online y no contempla la entrega de informes de ningún tipo". Por tal motivo no fue posible para este solicitante averiguar el contenido de la información susceptible de ser conocida a través de la plataforma en cuestión, sin perjuicio de prever en la solicitud una fórmula general de entrada a la información requerida mediante la expresión "o cualquier clase de formato que soporte la información requerida por la SEGEGOB en el contrato en comento". Por tanto, aparece como razonable reclamar ante el Consejo para la Transparencia por denegación de información pública, ya que en virtud de los principios de facilitación y máxima divulgación, la SEGEGOB pudo "imprimir pantalla" (las que fuesen necesarias para tener un acabado conocimiento de los objetivos que cumple el servicio) o invitar al peticionario a sus dependencias para que conociera in situ la plataforma virtual (opción que la jurisprudencia del Consejo ha abierto).

El sí de Hinzpeter a los gases lacrimógenos

2011-07-05T10:34:00.000-07:00

"Hoy día puedo informar que efectuados los estudios comprometidos, los gases lacrimógenos utilizados por Carabineros en las concentraciones, no tienen efectos abortivos, ni causan problemas para la salud. En consecuencia, como en muchas partes del mundo, pueden y deben ser utilizados para resguardar el orden público frente a disturbios y manifestaciones violentas".

Hinzpeter explicó que este elemento es utilizado prácticamente por todas las policías del mundo, "de países como Alemania, Suiza, Japón, se lo adquieren al mismo proveedor internacional al que se los adquiere Carabineros de Chile. Estamos, en consecuencia, frente a un elemento perfecta y plenamente utilizado por distintos cuerpos de policía de distintos países del mundo que no produce los efectos dañinos que algunas personas sostuvieron en días pasados".

Para respaldar su decisión, el titular del Interior consignó que el gobierno se basó en diversos estudios.

"En primer lugar, a través de un estudio que se le solicitó a nuestro Ministerio de Salud, en segundo lugar a través de un estudio de la Federación de Científicos de Estados Unidos de Norteamérica, en tercer lugar a través de un estudio realizado a través del equivalente a la Asociación Chilena de Seguridad de los Estados Unidos, y finalmente a través de la comprobación de su utilización por distintas otras policías del mundo con quienes hemos confirmado los antecedentes que disponen respecto de que no se trata de elementos nocivos para la salud", dijo.

"Finalmente, le hemos solicitado a la compañía que produce estos gases lacrimógenos que nos extienda un certificado con toda la evidencia que ellos tienen, que también acredita que en su utilización por más de 60 años continuos no se han producido efectos abortivos ni se han producido daños para la salud", añadió.

"Nosotros adoptamos una medida de suspensión hasta concluir y formarnos una convicción de si se trataba o no de gases que podían producir aborto o daño a la salud de las personas", señaló.

(Fuente: www.latercera.com, viernes 20 de mayo de 2011)

Ese mismo día, ante el Ministerio del Interior, se interpuso solicitud de acceso a la información pública para acceder a los antecedentes que fueron determinantes para que el ministro Hinzpeter arribara a la decisión de revocar la medida de suspensión de uso de los gases lacrimógenos por parte de Carabineros. El plazo máximo legal de respuesta, según ley de transparencia, vencía el pasado 20 de junio para la autoridad requerida; y por su parte, el 11 de julio vence el plazo para interponer reclamo ante el Consejo para la Transparencia por causa de no ser entregada la respuesta que la ley obliga proporcionar a todo requirente de información pública. Finalmente ayer, 4 de julio, se notificó la respuesta del jefe de servicio del Ministerio del Interior, el subsecretario Rodrigo Ubilla, mediante correo electrónico.

DESCARGAR RESPUESTA

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

(Oficio Nº 14.172 de 17.06.2011)

"Me saqué un 7"

Los proyectos de ley que se discuten en Defensa

2011-06-27T21:07:00.001-07:00

El pasado viernes 24 de junio se recibió respuesta de la Subsecretaría de Defensa acerca de la solicitud de acceso a la nómina de anteproyectos de ley que actualmente se discuten en el ministerio de Allamand. Entre los proyectos que podrían ingresar algún día al Congreso destacan:

- Beneficios de los titulares de Concesiones Marítimas afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

- Reparación a las víctimas de minas antipersonales, bombas de racimo y explosivos militares abandonados.

- Sobres Armas de Destrucción Masiva.

- Eliminación del descuento del 6% y 0,5 a los pensionados de CAPREDENA y DIPRECA, para mayores de 65 años.

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"Idiota, mi papá es el ministro"

Interior no entrega los antecedentes que determinaron la decisión de revocar la suspensión de uso de gases lacrimógenos

2011-06-24T20:38:00.000-07:00

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior aún no ha entregado respuesta a la solicitud de acceso a la información pública Nº AB001 W0000677, interpuesta este 20 de mayo, venciéndose el plazo legal para ser respondida el pasado viernes 17 de junio. En consecuencia, a fin de proteger el derecho de acceso a la información pública, próximamente será ejercido el derecho de amparo ante el Consejo para la Transparencia, mediante la presentación de un reclamo en contra del jefe de servicio del Ministerio del Interior, el subsecretario Rodrigo Ubilla. La interposición del reclamo vence el lunes 11 de julio.

Monitoreo de redes sociales: ¿en qué consiste el servicio contratado por el Gobierno con BrandMetric y qué dicen sus reportes?

2011-06-21T20:15:00.000-07:00

(a) Autoridad Requerida: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

(b) Fecha Ingreso: 21 de junio de 2011.

(c) Plazo máximo legal de respuesta: 20 de julio de 2011.

(d) Número de Folio Asignado: s/n.

(e) Petición: Lamentablemente, el sistema de gestión de solicitudes no generó un comprobante, por lo que perdí los términos exactos del requerimiento de información, sin embargo, básicamente pedí -a propósito de la contratación del servicio de monitoreo de redes sociales- acceso y copia digitalizada al contrato entre la SEGEGOB y BrandMetric, la totalidad de los informes y reportes generados por la empresa dando cumplimiento al contrato, así como los informes o reportes generados por la SEGEGOB a partir de la información proporcionada por BrandMetric. También la lista o nómina de quienes reciben la información elaborada por BrandMetric y la lista o nómina de los destinatarios de la información o reportes confeccionados por la SEGEGOB. Por último, requerí información acerca de la finalidad o propósito perseguido por el Gobierno para obtener dicha información y la metodología empleada para lograr los objetivos que declare en su contestación.

"Amor, compra pan"

Artículos de interés para fundar la relevancia pública del asunto y -de paso- formar una opinión racional al respecto:
- La polémica del monitoreo virtual (en Ciperchile de 22/06/2011).
- Redes sociales y el Gobierno de Chile: el monitoreo (por Mario Romero, editor de Transmedia.cl, diario online de tecnología, de fecha 21/06/2011).
- Carta abierta a un (paranoico) usuario de redes sociales (por Marcelo Brunet, abogado especialista en derecho público, en La Tercera de 21/06/2011).
- Redes sociales: la ciudadanía dialoga (por Enzo Abbagliati, dirige la iniciativa El Quinto Poder de la Fundación Democracia y Desarrollo, en la Tercera de 22/06/2011).
- Vigilancia del gobierno a redes sociales trasciende fronteras y lo expone a ciberataque internacional (por El Mostrador/EFE, con fecha 22/06/2011).
- Empresa encargada de 'monitoreo': "Seguiremos tendencias y no personas" (en publimetro.cl de fecha 22/06/2011).

La Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento publicó información errónea: proyecto "en elaboración" no existe.

2011-06-20T22:59:00.000-07:00

1.- Autoridad requerida: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

2.- Fecha ingreso solicitud: 23 de mayo de 2011.
3.- Plazo máximo legal de respuesta: 20 de junio de 2011.

4.- Fecha notificación respuesta: 20 de junio de 2011.

5.- Días hábiles transcurridos: 20.

6.- Número de folio asignado: AF001W239.
7.- Antecedentes de la solicitud: aquí.

Información publicada por la Unidad Presidencial de Gestión de
Cumplimiento en www.gob.cl/cumplimiento de fecha 21/06/2011

En elaboración proyecto de ley que introduce perfeccionamientos a la ley de transparencia que rige hace casi dos años en Chile.
El proyecto será analizado en conjunto con el Consejo para la Transparencia.
Responsable: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

RESPUESTA DE LA SEGPRES

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Ministerio de Justicia impide averiguar las materias sobre las que versan sus próximos proyectos de ley.

2011-06-20T16:28:00.000-07:00

Pulsando en la imagen de cada una de las 4 páginas de la respuesta emitida por el Ministerio de Justicia se puede leer, previo zoom, el texto en tamaño normal.

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Serie "Anteproyectos de Ley": Hacienda no permite acceder a la lista de sus anteproyectos.

2011-06-01T21:45:00.000-07:00

1.- Autoridad requerida: Ministerio de Hacienda.

2.- Fecha ingreso solicitud: 20 de mayo de 2011.

3.- Fecha notificación respuesta: 01 de junio de 2011.

4.- Días hábiles transcurridos: 06.

5.- Número de folio asignado: W0000263.

6.- Petición: "Deseo conocer la identificación clara y precisa de los proyectos de ley y/o anteproyectos de ley que se encuentran en etapa de discusión o redacción al interior del Ministerio de Hacienda a objeto de ser presentados por el Ejecutivo en el Congreso Nacional, e incluso de aquellos que se encuentran listos pero que no han sido ingresados al Congreso."

7.- Respuesta: "... cúmpleme con informar que los proyectos o anteproyectos dentro de esta [sic] u otra Cartera de Estado, al no estar ingresado o despachado a otro organismo, no consta por lo tanto en un acto o resolución de ante proyectos en etapa de redacción al interior del Ministerio de Hacienda, por no encontrarse comprendidos dentro de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública."

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"¡No!"

Serie "Anteproyectos de Ley": ¿en qué consiste "perfeccionar" la ley de transparencia?

2011-05-24T08:46:00.000-07:00

En el sitio web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se puede acceder al "reporte de cumplimiento de los 7 ejes prioritarios del gobierno del presidente Sebastián Piñera", confeccionado por la Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento, actualizado a marzo de 2011. En la página 91 de este reporte, en lo relativo al eje calidad de la democracia, figura la aspiración presidencial de aumentar la transparencia y, en ese sentido, se propone un "Proyecto de ley sobre perfeccionamiento de la ley de transparencia". Al respecto se señala que el proyecto se encuentra en elaboración, que será analizado en conjunto con el Consejo para la Transparencia y que el responsable es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, consultado recientemente dicho ministerio por los anteproyectos de ley que está trabajando, en su respuesta no reconoce la elaboración de ese proyecto en particular (véase el archivo adjunto a la nota "la próxima agenda legislativa de Larroulet").

La manifiesta contradicción entre el reporte de la Unidad de Gestión de Cumplimiento y la respuesta de la Subsecretaría General de la Presidencia, en lo que dice relación a la efectividad de encontrarse en elaboración el perfeccionamiento de la ley de transparencia llama nuestra atención, pero no al punto de pedir la horca de o los responsables. Más bien, resulta provechosa la oportunidad de ingresar una nueva solicitud que presuponga su existencia y que envuelva la siguiente paradoja: ¿puedo acceder mediante ley de transparencia al proceso deliberativo previo a la versión final del proyecto de ley que pretende nada menos que perfeccionarla? Más simple, ¿puedo conocer un proyecto de ley antes de que ingrese al Congreso?, la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia responde que sí (decisión amparo Rol C248-10), pero vale dar un paso más adelante y preguntarse a qué nivel de detalle, es decir, ¿puedo saber quiénes participan en su elaboración dentro del ministerio responsable y cuáles son sus posiciones al respecto? y, a propósito, ¿qué es lo que derechamente van a "perfeccionar", por qué y de qué manera?, ¿existen acaso estudios empíricos y datos duros que justifiquen el cambio? son algunas de las dudas que naturalmente surgen y que mediante la solicitud que a continuación se transcribe se intentarán contestar.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

(a). Autoridad Requerida: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

(b). Fecha Ingreso: 23 de mayo de 2011.

(c). Plazo máximo legal de respuesta: 20 de junio de 2011.

(d). Número de Folio Asignado: AF001W239.

(e). Petición: "Solicito acceso y copia digitalizada de la siguiente información y/o documentos relacionados con el proyecto de ley que "introduce perfeccionamientos a la ley de transparencia", cuyo responsable es la Secretaría General de la Presidencia:

1.- Primera versión del proyecto o anteproyecto.

2.- Ultima versión actualizada del proyecto o anteproyecto en comento.

3.- Explicación detallada de la metodología de trabajo empleada para elaborar este proyecto.

4.- Lista de participantes en la elaboración del proyecto, ya sea redactores, consultores y/o expertos, y de todo aquel que se tome en cuenta en su preparación o formación, ya sea persona jurídica o natural, privada o pública.

5.- Nombre y apellido de él o los coordinadores del proyecto.

6.- Actas de las sesiones.

7.- Complementos y estudios previos que sirvan de base o antecedente para la elaboración del referido proyecto.

8.- Estudio de diagnóstico de la ley de transparencia que justifica o fundamenta la necesidad de perfeccionar la ley.

9.- Oficios o informes enviados por el Consejo para la Transparencia que colaboran con el trabajo de elaboración del proyecto."

"Aquí no hay nada"

* Sebastián Soto (en la foto), Jefe División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

¿Existe relación causal entre gases lacrimógenos y aborto?

2011-05-21T12:42:00.000-07:00

"Sí, este terno me lo compré en Zara"

LOS HECHOS

I. Martes 10 de mayo. En el diario español El Mundo se publicó una nota que tuvo eco en los medios de comunicación chilenos al punto de causar polémica, titulada: ¿Abuso de gases lacrimógenos en Chile? Algunos extractos:

"Las investigaciones científicas confirman el daño que provoca inhalar los gases de las bombas lacrimógenas, sobre todo a los niños y a las mujeres embarazadas. Muchos de los componentes de estas sustancias tóxicas han sido reemplazados en Estados Unidos e Israel, países que las fabrican.

Por el contrario, las bombas que usa Carabineros, la policía chilena, son fabricadas exclusivamente para Chile y están prohibidas en la mayoría de países del mundo. “Hay antecedentes documentados de que los agentes químicos con que se fabrican las bombas lacrimógenas son abortivos. Además de producir graves daños a la salud, inciden negativamente en los aparatos reproductivos masculino y femenino”, comenta el doctor Andrei Tchernitchin, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

El interés de este médico por este tipo de sustancias tóxicas comenzó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, cuando en los alrededores de la Facultad de Medicina la policía lanzaba bombas lacrimógenas. Los estudiantes llegaban muy afectados, por lo que Andrei decidió llevar a cabo un estudio científico.

“Pedimos a los alumnos que donaran sangre para estudiar algunos parámetros hormonales, como el número de leucocitos eosinófilos y, curiosamente, esos leucocitos estaban desgranulándose con mucha velocidad, lo cual podía significar alteraciones de diverso tipo”, manifestaba el médico a la revista chilena ‘Punto y Final’. “Curiosamente dejaron de tirar bombas cerca de la facultad”, comenta.

“Hay probabilidad de que las sustancias químicas de las bombas lacrimógenas afecten las funciones reproductivas, dañen al feto en el último trimestre del embarazo, y a los niños en los primeros años de vida, provocando efectos en la salud que pueden resultar irreversibles”, dice.

“Es probable que los fabricantes de estos químicos y tóxicos tengan estudios científicos, pero no dan a conocer los detalles... No son mortales, ni provocan enfermedades inmediatas, a menos que la persona inhale el gas bajo ciertas condiciones”, añade Andrei Tchernitchin.

II. Martes 17 de mayo. Ministro Rodrigo Hinzpeter anunció suspensión de uso de gases lacrimógenos. Decisión que tuvo amplia difusión en la prensa internacional.

“Cuando se produce en un país una polémica relacionada con la salud de nuestros compatriotas, siendo la protección de nuestros compatriotas el principal objetivo de nuestro Gobierno, nos parece que es razonable suspender el uso de esos gases lacrimógenos hasta que nuevos informes médicos nos permitan disipar, más allá de cualquier duda, la procedencia del empleo de estos gases para enfrentar situaciones de desorden público o vandalismo”, afirmó Rodrigo Hinzpeter.

“Es por eso que con el objeto de dar espacio para que esta legítima polémica se disipe y todos los chilenos podamos tener la tranquilidad de que estamos frente a elementos que pueden usarse en situaciones de desorden público, o eventualmente, nueva información científica nos allegue a conclusiones distintas, hemos resuelto que estos gases lacrimógenos no sean utilizados por Carabineros de Chile para enfrentar situaciones de desorden público”, agregó el jefe de gabinete.

Enfatizó también que se solicitará información en relación al efecto de estos gases, para luego resolver al respecto. “Vamos a recabar y pedir nuevos informes técnicos y médicos y una vez que los tengamos vamos a resolver, de cara a la ciudadanía, como corresponde en una democracia y en un estado de derecho, si es que es posible emplearlos o no resulta posible emplearlos”.

III. Viernes 20 de mayo. Ministro Rodrigo Hinzpeter revoca la suspensión de uso de gases lacrimógenos.

Para respaldar su decisión, el titular del Interior consignó que el gobierno se basó en diversos estudios.

"Nosotros adoptamos una medida de suspensión hasta concluir y formarnos una convicción de si se trataba o no de gases que podían producir aborto o daño a la salud de las personas", señaló.

IV. Vea el "Análisis sobre posible asociación causal entre gas lacrimógeno usado en Chile y efectos abortivos" elaborado por el Instituto de Salud Pública (ISP) por encargo del Ministerio del Interior, publicado en el sitio electrónico www.interior.gov.cl. A continuación algunos extractos:

"Se necesitarían altas concentraciones de CS en espacios reducidos o cerrados en un período prolongado de tiempo para alcanzar dosis letales. Bajo estas condiciones, se puede presentar daño pulmonar que lleve a la asfixia y a la falla circulatoria."

"Con respecto a la información publicada en los medios de comunicación, que hacen mención a estudios realizados por el Dr. Andrei Tchernichen, toxicólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se analizó la evidencia propuesta por este profesional, sin encontrarse estudios experimentales por él publicados, realizados en seres humanos ni animales, que permitan demostrar una asociación causal entre CS y aborto en mujeres expuestas."

El estudio concluye lo siguiente: "Reconocemos de los habituales efectos agudos irritativos, tales como tos, lagrimeo, broncoespasmo, irritación bucal, rinorrea, etc. Sin embargo, no se dispone de evidencia científica consistente que permita concluir la presencia de una posible asociación causal entre gas lacrimógeno (CS) y aborto u otras patologías severas en población humana."

V. Escuche aquí al director del Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica, el doctor Enrique París, quien afirma que no hay literatura que respalde efecto abortivo de gas lacrimógeno.

EL DERECHO

Por todo lo anterior, resulta relevante conocer, divulgar y publicitar los complementos directos y esenciales que sirvieron de sustento al pronunciamiento del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, en orden a revocar la suspensión del uso de gases lacrimógenos por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, a fin de que la ciudadanía pueda juzgar si en el empleo de las facultades discrecionales del ministro rigió -entre otros- el principio de objetividad, esto es, si incorporó todos los elementos fácticos, técnicos y científicos para resolver si existe relación causal entre gases lacrimógenos y aborto, antes de adoptar la decisión de autorizar nuevamente su uso.

Por otra parte, debemos reconocer que cada uno de los manifestantes convocados en una marcha ejerce legítimamente derechos fundamentales tales como las libertades de expresión y de movimiento, y los derechos de reunión y de petición a la autoridad. De ser ciertas las afirmaciones del doctor Andrei Tchernitchin, cuando Carabineros debe emplear gases lacrimógenos para resguardar el orden público quebrantado, no sólo amenazaría el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también el derecho a la vida, tanto de los manifestantes y policías como de los desafortunados vecinos y peatones que viven o transitan por el lugar, e incluso privaría la vida del que está por nacer en el vientre de las mujeres embarazadas.

El conocimiento de la información en cuestión contribuye al control social del ejercicio de las facultades discrecionales de las autoridades y ofrece certidumbre acerca de la efectividad de los riesgos que enfrenta toda persona expuesta a gases lacrimógenos. Por tales motivos, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la forma prescrita por la Ley Nº 20.285, se efectuó el siguiente requerimiento:

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Autoridad Requerida: Subsecretaría del Interior.

2. Fecha Ingreso: 20 de mayo de 2011.
3. Plazo máximo legal de respuesta: 17 de junio de 2011.

4. Número de Folio Asignado: AB001W0000677.

5. Petición (máximo 2.000 caracteres): "Hoy, el Ministro del Interior, revocó la suspensión de uso de gases lacrimógenos por parte de Carabineros, según detalla La Tercera en su edición online, expresando las siguientes afirmaciones relativas a los fundamentos de su decisión: "En primer lugar, a través de un estudio que se le solicitó a nuestro Ministerio de Salud, en segundo lugar a través de un estudio de la Federación de Científicos de Estados Unidos de Norteamérica, en tercer lugar a través de un estudio realizado a través del equivalente a la Asociación Chilena de Seguridad de los Estados Unidos, y finalmente a través de la comprobación de su utilización por distintas otras policías del mundo con quienes hemos confirmado los antecedentes que disponen respecto de que no se trata de elementos nocivos para la salud", dijo.

En virtud de estos antecedentes, vengo en solicitar copia digitalizada de todos los documentos a los que hace referencia el ministro en las citas que se han transcrito, esto es:

1. Copia digitalizada del oficio enviado al Ministerio de Salud encargando la confección del estudio al que se hace referencia y de cualquier otro documento que lo complemente.

2. Copia digitalizada del estudio elaborado por el Ministerio de Salud para el Ministerio del Interior sobre la materia en cuestión.

3. Copia digitalizada del estudio elaborado por la Federación de Científicos de Estados Unidos de Norteamérica, y de su traducción si la hay, o de cualquier otro informe que se haya elaborado a partir de éste documento, como también del oficio que lo encargó.

4. Copia digitalizada del estudio elaborado por el equivalente de la ACHS de EEUU en los mismos términos del número anterior.

5. Copia digitalizada del informe o comunicaciones sostenidas con policías extranjeras en orden a confirmar los antecedentes de que disponen al respecto.

6. Copia digitalizada del contrato con la compañía que produce los componentes de gas lacrimógeno que es proveido a Carabineros de Chile."

"No me importa es inocuo"

Serie "Anteproyectos de Ley": La próxima agenda legislativa de Larroulet.

2011-05-19T21:47:00.000-07:00

Autoridad Requerida: Secretaría General de la Presidencia.
Fecha Ingreso: 22 de abril de 2011.
Fecha Respuesta: 19 de mayo de 2011.
Días Hábiles Transcurridos: 19.
Número de Folio Asignado: AF001W227.
Petición: "Deseo conocer la identificación clara y precisa de los proyectos de ley y/o anteproyectos de ley que se encuentran en etapa de discusión o redacción al interior de la Secretaría General de la Presidencia a objeto de ser presentados por el Ejecutivo en el Congreso Nacional, inclusive aquellos que se encuentran listos pero que no han sido ingresados al Congreso."

"Tengo el poto cuadrado"

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